Amazonía Incendios provocados - Volante 2019

volante repartido en Lima Perú, sobre incendio en la Amazonía del año 2019 donde se da una crítica también a nuestro papel como consumidorxs

Caras de Evo Morales y Jair Bolsonaro adjudicados por los incendios en la Amazonía en 2019

Lima, Perú 2019

Los incendios en la Amazonía y Chiquitania son el resultado de la ambición industrial privada y estatal
que para expandir sus dominios y negocios atentan contra el planeta flora y fauna (tribus incluídas).
Y lo avalamos desde las ciudades con nuestro consumismo cómplice.
A más ciudades modernas, menos naturaleza libre.

¿Cuántos ríos secuestrados por represas, glaciares océanos corales y peces contaminados por oro petróleo desalinizadoras turbinas eólicas agua dulce levaduras hongos..., valles campos praderas bosques... destrozados por la minería agricultura ganadería madereras “eco”turismo... para tener la red 5G y sus miles de antenas para que funcionen mejor nuestros smartphones las pelis y series streamings, el internet de las cosas tv laptops tablets celus refirs lavadoras tostadoras cocinas licuadoras... con WiFi potente sumado a drones scooters motos autos bicis... eléctricas que a las finales también contaminan como los de a base de minería y petróleo?

Puedes buscar más info sobre el papel de Evo Morales en la web u otros lugares, que con su careta de protector de la Pachamama (el cual nunca creí ni a su amigo Rafael Correa y su Iniciativa Yasuní ITT entre otras) llegó al poder. Ahora es promotor de los transgénicos y parte de ese incendio tiene que ver con eso. Adhiero 2 artículos más:

"La euforia por la destrucción es la causa principal del incendio en el Amazonas"


Aunque distintos países tienen parte en este incendio, lo cierto es que Brasil está en el centro de la discusión debido el papel que juega el gobierno de Jair Bolsonaro en la destrucción del Amazonas desde que inició su mandato en enero de 2019. Pero Jorge Lobo además recordó que aunque las estadísticas dicen que hay 70mil puntos de incendio en ese momento, lo cierto es que estos incendios no son recientes; ya que el fuego han ido incrementándose desde que fue depuesta, por medio un impeachment en 2016, la presidenta Dilma Rousseff. Según declaraciones del biólogo Jorge Lobo: “Lo que se está quemando no es solo la región de bosque tropical húmedo, es sobre todo el bosques seco en el sur del amazonas. Estamos en una época particularmente seca del Amazonas, pero no es sólo una causa climática, se sabe que los grandes terratenientes que insisten en quemar bosque para abrir campo de cultivo industrial incentivado por el discurso de Jair Bolsonaro que ha tenido un enfoque en su política pública muy anti-ambiental”. Este incendio tiene sus orígenes también en los recortes presupuestarios millonarios al Ministerio de Ambiente brasileño. Este recorte se combinado con la impunidad en los delitos ambientales, como la deforestación, y los despidos de funcionarios públicos encargados de la fiscalización ambiental, a dado como resultado esta emergencia de carácter global. Se generarán consecuencias climáticas globales sí el Amazonas sigue quemándose. Ya que la zona dejara de comportarse como un sumidero de carbono, para pasar a ser una región emisora neta de gases de efecto invernadero, según alertó Lobo. Otra consecuencia será que el movimiento del agua en el Cono Sur será modificado. El valle del Amazonas propicia el surgimiento de nubes que alimentan muy al sur de la cuenca. Esta nubes abastecen a zonas de recarga acuífera que a su vez son la fuente de muchas poblaciones humanas incluyendo Buenos Aires en Argentina.

Busca más info en : Ajuste presupuestario en Brasil: Bolsonaro bloquea más de 1,400 millones de reales

://www.nodal.am/2019/07/ajuste-presupuestario-en-brasil-bolsonaro-bloquea-mas-de-1400-millones-de-reales/

Brasil: El pacto conservador contra la biodiversidad y los territorios de los pueblos

Frente a las crisis de las economías centrales y la desaceleración del ciclo virtuoso de las mercancías de exportación, se renueva el histórico pacto de poder conservador entre los dueños de la tierra, los dueños del dinero y el Estado (en palabras de Maria da Conceição Tavares), a fin de mantener la brutal apropiación del ingreso nacional para el capital financiero y bancario, principalmente internacional. Una versión contemporánea del paquete económico del Consenso de Washington se impone a los países de América Latina: son medidas de “austeridad fiscal” para gastos sociales, a fin de generar saldo para el pago de los servicios de deuda pública y la transferencia de tales gastos sociales hacia el sector penal y penitenciario; la supresión de derechos laborales y de previsión social; la privatización de empresas, bienes estatales y recursos naturales, y la flexibilización de la legislación ambiental.

Los negocios con tierras, aguas, minerales y otros recursos naturales sustentan la empresa colonial y post-colonial que conforman el Estado moderno en Brasil. Con el Consenso de Washington, el pacto en torno del Plano Real de 1994 y posteriormente con el "Consenso de las Commodities", como lo llamó la socióloga argentina Maristela Svampa, hubo una inserción creciente del país en el circuito de valorización financiera, lo que propició la brutal apropiación del ingreso nacional por parte del capital financiero y bancario, principalmente internacional.

La fórmula de fomentar las exportaciones agrícolas y minerales, potenciada tras la crisis financiera de 2008 y el llamado “boom” de las mercancías de exportación, cuando el capital internacional buscaba nichos para aterrizar, acabó por generar la expansión y financiarización del mercado de tierras y por tanto un aumento en el consumo de agua debido al latifundio y las empresas mineras. La intensificación de esta llamada economía neo-extractivista significó, contradictoriamente, el fomento de políticas públicas sociales, como las de combate al hambre y a la pobreza y la expansión del capital sobre las tierras públicas: sobre las unidades de conservación, los bosques públicos, las tierras indígenas, los territorios quilombolas, las tierras de los pueblos tradicionales y los asentamientos de la reforma agraria.

De este modo, aunque haya habido políticas sociales fundamentales para los sectores más vulnerables del estrato social, se mantuvo y se profundizó la disputa entre el Brasil público y el Brasil privado, concentrando la propiedad privada a partir del despojo de los bienes públicos y de los territorios campesinos y tradicionales. Esto trajo un aumento de la deforestación y pérdida de la biodiversidad en favor de la industria extractiva, principalmente del agronegocio.

Brasil público vs. Brasil privado

La expansión de la privatización de las tierras y recursos naturales sobre los bienes públicos y comunes viene ganando fuerza desde el golpe institucional de Dilma Roussef (2016) y se profundizó con el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro. El Ejecutivo Federal está dividido directamente entre tres grupos de poder:

1.-Los señores de tierras (principalmente el Frente Parlamentar Agropecuario), que por primera vez cuenta con cinco Ministerios incluida la Agricultura (Ministerio de Agricultura, Casa Civil, Ministerio de la Ciudadanía, Ministerio de Salud y el propio Ministerio del Medio Ambiente).

2.-Los dueños del dinero, con representantes del mercado financiero (Bozano, Simonsen y BGT Pactual) de la Escuela de Chicago, ocupando el Ministerio de Economía como también la presidencia de los bancos públicos como la Caixa Econômica Federal, el Banco del Brasil, el Tesoro y el Banco Central, así como de Petrobrás. El nuevo presidente de BNDES, designado en junio de 2019 por el ministro de Economía, también viene del grupo Pactual.

3.-Los militares, con siete ministerios bajo su tutela. Este cuadro pone en el centro de las políticas del gobierno la implementación de un paquete general de desestatizaciones y privatizaciones (previsiones, empresas públicas, tierras), aunque con cierta resistencia de los militares —como en la extranjerización de la tierra, donde entidades extranjeras acaparan más y más tierras del país— en un avance del Brasil privado sobre el público. Está en curso tal vez la mayor y más rápida transferencia masiva de tierras públicas para el sector privado en América Latina, especialmente en Brasil gracias a la Ley 13.465/2017, llamada “Ley del Grilagem”, tanto para el avance de la frontera agrícola y producción de mercancías para exportación, como su inserción en el mercado de tierras, incluso como lastre del capital financiero internacional.

Concentración de la tierra

Los resultados preliminares del censo agropecuario de 2017, también registran un crecimiento del 5% de las áreas privadas, (16 millones y medio de hectáreas, el equivalente al área del estado brasileño de Acre), pues los establecimientos agropecuarios ocupan 41% del área del país, pese a la reducción de 2% en el número de establecimientos. Datos que apuntan en conjunto a un aumento de la concentración de la tierra en el país.

Brasil es el quinto mayor concentrador de tierras en América Latina, detrás de Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela, respectivamente (coeficiente de Gini para la distribución de la tierra). América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierra en el mundo. El uno por ciento de los propietarios rurales concentran el 51.19% de las tierras agrícolas. En otras palabras, el 1% de las propiedades rurales utiliza muchas más tierras que las 99% restantes. En Brasil, entre los establecimientos con mil o más hectáreas, hubo un aumento en número (3 287 más) y en área (16300000 hectáreas más). Su participación en el área total pasó de 45% a 47.5% de 2006 al 2017. Ya los establecimientos entre cien y mil hectáreas disminuyeron en el área total de 33.8% a 32% (814 574 hectarias menos) y tuvieron una disminución de 4 152 unidades.

Deforestación

Las áreas privadas son las que más se deforestan. De los 532 millones y medio de hectáreas con bosques y campos naturales de Brasil (62.6% del territorio total), 190 millones están en inmuebles rurales particulares, cerca de un tercio de todo el país (véase infografía 2).Esto refuta el argumento del sector ruralista de que Brasil es el país que más protege sus bosques, habiendo Unidades de Conservación y tierras indígenas en demasía. La intención de este sector es reducir la extensión de las áreas públicas protegidas. En los últimos treinta años en Brasil, las áreas privadas perdieron cerca de 20% de su cobertura de bosques mientras que en las Unidades de Conservación y tierras indígenas la pérdida fue de 0.5% en el mismo periodo. Entre agosto de 2018 y marzo de 2019, Imazon detectó un aumento de 24% de la deforestación en comparación con el mismo periodo el año anterior. El 58% [de esa 24%] ocurrió en áreas privadas.Brasil sigue siendo el país que más deforesta en el mundo, con la mayor tasa de deforestación entre 2010 y 2015: cerca de 984 mil hectáreas.20% de Amazonia y 50% del bioma Cerrado fueron destruidos.

A pesar del país representar la segunda mayor extensión de área forestal mundial, es el 28º país con su territorio cubierto con bosques, detrás de países como Surinam (94%), Finlandia (72%), Japón y Suecia (68%).En términos de áreas protegidas, Brasil ocupa apenas la posición 34, junto al Reino Unido y Japón, con 28.4% del total de su área, mientras que Venezuela posee la mayor extensión de áreas protegidas en el mundo, con 53.9% de su territorio. Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia tienen, todos ellos, más de 40% de sus territorios protegidos. Muchos países desarrollados tienen más áreas protegidas. Francia, uno de los diez mayores productores de alimentos del mundo, tiene 26%; Alemania, 38%; y Australia 20%.

El avance de la frontera agrícola sobre los bosques y los territorios

Existen 245 millones de hectáreas ocupadas con ganadería y labranza (28.6% de la área total de país), cerca de 1.17 ha de área productiva por habitante (MapsBiomas), siendo la cuarta mayor extensión de tierras para producción agropecuaria, sólo detrás de China, Estados Unidos y Australia. De los países con mayor extensión de áreas destinadas a producción agrícola y de ganadería, Brasil es el segundo que más cambió el uso y ocupación del suelo en función del avance de la frontera agrícola, incorporando 133 millones de hectáreas entre 1961 y 2015. Ha disminuido su cobertura de bosques de 76% a 58.9%. China, pese a ampliar en 185 millones de hectáreas su área para labranza y ganadería, incrementó sus bosques de 5.2% a 22%, en el mismo periodo. Los demás países disminuyeron o mantuvieron la ocupación territorial de modo agropecuario - como Estados Unidos, pese a ser uno de los mayores abastecedores de granos y proteína animal.

Producción de granos, transgénicos y agrotóxicos

Si sumamos el área plantada con soya, caña de azúcar, maíz y eucalipto, los principales cultivos del latifundio empresarial del agro-negocio son poco más de 76 millones de hectáreas, según datos de noviembre de 2018 del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística. Del área plantada tan sólo con cultivos transgénicos son 50 millones 200 mil hectáreas, de las cuales 83% corresponden a maíz, soya y algodón, resistentes a uno o más herbicidas de elevado impacto a la salud y al medio ambiente. Brasil es el segundo mayor productor de soya en el mundo, cuarto de maíz y, no por coincidencia, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en área plantada de OGMs, lo que corresponde a 26% del área mundial, según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología. Esa vinculación de semillas transgénicas y agrotóxicos asociados hace de Brasil el mayor consumidor mundial de agrotóxicos, comercializando 19% en todo el mundo, con más de mil millones de litros al año (aunque la FAO indique que el país es el 7º en términos de volumen por hectárea). Japón encabeza la lista. Cerca de 30% de los más de 500 productos agrotóxicos autorizados en Brasil ya fueron prohibidos en Europa. Cabe destacar que los herbicidas en base a glifosato (de propiedad de la Monsanto/Bayer) usados en las semillas GM responden por más de la mitad de todo el agrotóxico usado en el país. Sólo en 2019, el total de registros de agrotóxicos concedidos ya llega a 211 hasta junio, media de 1.17 agrotóxicos liberados por día. En 2005, apenas 91 registros fueron admitidos, en 2016, 277, llegando a 405 registros en 2017 y a 450 agrotóxicos liberados para comercialización, un récord histórico.


Agricultura industrial dependiente del presupuesto público

El Plan Agrícola y Ganadero de la Zafra 2018/2019 divulgado presenta una oferta de crédito de 48 700 millones de dólares: el agro-negocio contrató un crédito récord para esta zafra, con un valor medio de 23 550 dólares por productor, 8.94% más que el registrado en 2016/2017. En total, los préstamos a productores y ganaderos hasta junio de 2018 ya superaban los 43 mil millones de dólares. Mientras que el país sigue en crisis, con el congelamiento de los gastos públicos por veinte años, reajustados por el índice de la inflación y no en conformidad con el ingreso público líquido, para garantizar el pago de la deuda pública (EC nº 95/2016) los ruralistas lograrán descuentos de 65% hasta 95% en sus deudas (MP 733, de 15 de junio de 2016 convertida en la Ley nº 13.340, de 28 de septiembre de 2016), que suman 310 800 millones de dólares según la Fiscalía General de Hacienda Nacional. Presionan aun por perdón total de sus deudas, contraídas de préstamos de parte del gobierno, colocando una vez más el peso de la crisis en las espaldas de trabajadores.

Violencia en el campo y despojo de los territorios

El avance de la frontera agropecuaria sobre las tierras públicas, los bosques y recursos naturales y los territorios de los pueblos generarán, además del incremento de la deforestación, un significativo aumento en la violencia en el campo. En la Amazonia Legal, entre agosto de 2017 y julio de 2018, la deforestación aumentó 13.7% en relación a los 12 meses anteriores, la mayor tasa desde 2009, según el Proyecto de Monitoreo de Desforestación en la Amazonia Legal por Satélite. Fueron suprimidos 7 900 km2 de selva amazónica, lo que equivale a más de cinco veces el área de la ciudad de São Paulo. Al mismo tiempo, se contabilizaron cinco masacres, según el Informe de Conflictos en el Campo de 2017 de la Comisión Pastoral de la Tierra, un monto jamás registrado por la entidad en sus más de treinta años de registros de conflictos en el campo. En 2017 fueron asesinados 110 indígenas y 18 quilombolas, un aumento de 350% al 2016.

Captura corporativa del Estado

Horas después de la toma de posesión, el primero de enero de 2019, fue promulgada la medida provisional MP 870 para la reforma administrativa. Entre las modificaciones, destacan:

1. Transferencia al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de las políticas de regularización agraria, incluida la demarcación de tierras indígenas (antes una atribución de la Funai) y de los territorios quilombolas. Funai es la Fundación Nacional del Indio, órgano del gobierno brasileño que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. En junio, la Suprema Corte Federal devolvió a Funai la competencia para las demarcaciones confirmando la decisión del Congreso. También fue transferida al MAPA la política de reforma agraria y agricultura familiar, antes atribución del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y la regularización de las áreas rurales de la Amazonia legal... La intención del Estado es facilitar la masiva transferencia de tierras públicas, asentamientos y territorios quilombolas, y de los pueblos tradicionales, hacia la propiedad privada y corporativa.

2. Transferencia al Ministerio de Agricultura del Servicio Forestal Brasileiro (que pertenecía al Ministerio del Medio Ambiente) y, por tanto, del Catastro Ambiental Rural, registro público electrónico que mapea el tejido agrario brasileño arriba expuesto, y los recursos naturales como bosques, agua, minas a cielo abierto, etcétera.

3. Transferencia desde la Funai del Ministerio de Justicia, para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, presidido por la pastora evangélica Damares Alves. El Congreso no aceptó este punto de la medida provisional y mantuvo a la Funai en el Ministerio de Justicia. Todas las “minorías” y sectores vulnerables fueron aglomerados en esta cartera conformando secretarías, aunque sin instrumentos de implementación...

4. Transferencia de la Fundación Cultural Palmares, responsable por la certificación de territorios quilombolas para el Ministerio de la Ciudadanía, (fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Deportes y Cultura)...

Un nuevo pacto conservador

Tales medidas vienen a confirmar el pacto conservador entre los dueños de la tierra, el dinero y el Estado, mostrando los ejes centrales del nuevo gobierno en turno:

a) un capital bancario-financiero con fuerte agenda neoliberal desestatizante, la supresión de derechos sociales mediante la política de austeridad fiscal asociada a la transferencia del presupuesto público por medio del pago de servicio de la deuda;

b) la política de seguridad hemisférica de combate al narcotráfico y el terrorismo subordinada a Estados Unidos y con apoyo de la industria bélica.[38] Las empresas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos, van siendo las principales financiadoras de las campañas de la llamada “bancada de bala” en el congreso nacional, que triplicó su tamaño, de 36 a 103 parlamentarios..

c) La protección de la propiedad privada, sin su función social, con la tendencia a militarizar la cuestión agraria...facilita el Decreto 9527/2018 que crea la Fuerza-Tarea de Inteligencia para enfrentar el crimen organizado, coordinada y compuesta mayoritariamente por militares y órganos de seguridad.

La tutela del llamado Brasil privado, también significa flexibilizar la legislación ambiental y el componente ecológico de la función social de la propiedad. El Código de bosques de 2012 ya legalizó cerca de 58% de la deforestación ilegal del país, alrededor de 29 millones de hectáreas en favor de la expansión de la frontera agrícola, autorizando aún amnistía de penalidades y multas. Los próximos pasos son la flexibilización del licenciamiento ambiental de “emprendimientos estratégicos de infraestructura” (PEC 65/15 e PL 654/15), y la recategorización de las Unidades de Conservación, en reversión de los derechos territoriales de pueblos y comunidades tradicionales, así como el desmantelamiento de los asentamientos de reforma agraria y su reinserción en el mercado de tierras.

*Más info en www.grain.org una página que valoro por su sentido crítico, pero no comparto su postura de solo criticar la ganadería industrial y no la artesanal o interna.

Libertad para la Tierra con su delicado complejo equilibrio y libertad para todas las especies.